No era de extrañar que los principios de la propaganda Nazi coincidan tanto con los principios de la publicidad actual. Tampoco que los distintos estilos de gobierno Occidental acaben tarde o temprano por identificarse con alguna estrategia de manipulación social.
Lo que a mí me duele de verdad es que, al margen de quienes definan la infraestructura y qué hagan en ella, la superestructura democrática está siendo pervertida paulatinamente. Ya no es cuestión de unos cuantos usando las goteras del sistema para filtrar su veneno o sacar algo más de partido; es que estos mismos mequetrefes están reescribiendo las reglas del juego.
Nuestro Estado de Derecho ha dejado de serlo, y en su lugar se está estableciendo un Régimen definido por:
La inescalabilidad burocrática. Pese a que la Constitución de 1978 recoja derechos fundamentales, el sistema ejecutivo-legislativo coloca todas las trabas posibles para impedir que el Estado de Derecho guarde una relación de retroalimentación constructiva entre Gobierno y ciudadanos. En otras palabras, los organismos de poder guardan una relación unidireccional y vertical, donde ellos están arriba y nosotros estamos abajo.
El objetivo es que la palabra «democracia» sea lo más parecido a votar únicamente una voz por legislatura, para así poder guardar una imagen de honradez mientras se parasita el sistema.
Tenemos buenos ejemplos en el aumento de las tasas judiciales o en las amenazas a David Bravo bajo razones legislativas -que no son otra cosa que una malversación de la legislación actual-. Cabe hacer una mención especial a la inutilidad de las Iniciativas Legislativas Pupulares.
La inescalabilidad social. A tenor de lo anterior el Órgano Legislador y el Órgano Ejecutivo blindan a sus miembros y crean una Casta que obra por encima de cualquier principio de igualdad jurídica. Ningún político que se precie va a la cárcel en España, sólo las cabezas de turco para limpiar la mala imagen. Mientras, Francisco Camps se puede reír pese a haber arruinado a una comunidad autónoma entera.
La perversión de la democracia lleva al indulto, incluso cuando eso contraviene las competencias del Tercer Poder, el judicial. También impide el emprendedurismo, puesto que las PIMEs van por detrás de los intereses de las grandes empresas y el sistema bancario; o eres millonario, o tienes amigos, o no esperes ser el próximo Mark Zuckerberg o el Barack Obama que está buscando el PSOE. Paulatinamente, el amiguismo dedocrático en forma de plutocracia -o de oligarquía– suple la esperable meritocracia que toda democracia debería defender.
La ofuscación del sistema establecido. Los conceptos de open data, open government y democracia directa llevan tiempo rondándonos. Ni que decir de una reforma equitativa de la Ley Electoral vigente.
Muchos de los datos que generan las administraciones públicas no son sensibles; dicho de otra forma, no ponen en peligro nada ni a nadie. Otros se relacionan con contrataciones, sueldos, privilegios y similares de funcionarios públicos y gobernantes. Aunque en ningún caso se comprometa la integridad de nadie y a pesar de que la apertura de esa información contriubuiría a una mayor transparencia y, por ende, a un mejor juicio ciudadano en aras de una democracia justa, el sistema actual tiende a ofuscar toda esa información.
Aquí tenemos a los interinos, los consejeros/asesores políticos, los puestos de confianza, los contratos irregulares, los favoritismos a instancias del sistema, y cualquier otro elemento nutriéndose de los impuestos públicos sin tener que dar explicaciones. Igual que en las comisiones de investigación, una pantomima de explicaciones obtusas e infundadas retira al ciudadano del discurso público.
Mientras no se promuevan las listas electorales abiertas, el ciudadano tampoco tendrá acceso a una verdadera democracia. Porque se vote a quien se vote, se acaba votando a una masa azul o roja que luego pone a quien le conviene donde le conviene; y eso no es democracia, eso es reírse de nuestra inteligencia.
Al ciudadano se le niega el acceso a información que debería pertenecerle y por la que está pagando.
Mención especial al invento del siglo: las ruedas de prensa sin preguntas.
La depauperización del ciudadano honrado. Todos hemos oído hablar de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Aunque la humillación a la que el liberalismo hipócrita -no el de verdad, el que asume sus errores- somete a la ciudadanía no acaba ahí.
El derecho a manifestarse es una medida de justicia contra una democracia que ha dejado de atender a los distintos públicos que la componen. Sin embargo, al ciudadano no sólo se le culpa del malestar en el que está sumido: también se le criminaliza. Por extensión, se criminalizan las vías de diálogo social cuando el diálogo social «de cafetería», ese en el que un Ministro llama a las partes para hablar de los cambios, hace tiempo que desapareció.
Esta estrategia se extiende a los recortes en educación, en sanidad, en ayudas a la investigación, en la ley de dependencia, y en cualquier ayuda pública que dignifique al común de la ciudadanía y los iguale en derechos y oportunidades -si eres de izquierdas hablas de derechos, si eres liberal hablas de oportunidades-.
Subrayo: la democracia en España tiende completamente a lo contrario. El objetivo es reciclar a la clase media como neosiervos de la gleba.
El mal uso de la memoria social. La connivencia entre la economía política y los medios de comunicación generan una agenda social que cambia constantemente. Parafraseando a Jean Baudrillard, la instantaneidad de la información evita su revisión.
La sociedad tiende a olvidar los eventos pasados en favor de los eventos relevantes o el ruido presentes. (Por ello sabemos que estamos muy cabreados con las medidas de Rajoy, pero no podríamos ennumerarlas todas). Un año antes de las elecciones, basta con cambiar hacia una agenda de políticas sociales para que éstas pesen más que los anteriores tres años de legislatura, que se pierden en una memoria que beneficia lo bueno sobre lo malo.
Otro punto interesante es el goteo de cambios, que se encaminan hacia macroobjetivos que se nos escapan. Los cambios son suficientemente reducidos como para no despertar la atención pública, incluso siendo votados en días intempestivos para consultar los medios. Un día nos despertaremos y veremos que, efectivamente, hemos perdido todos nuestros derechos a base de pequeños cambios prolongados en el tiempo. En vez de mucho en poco, poco en mucho.
Si encima mantienes a la gente ocupada intentando comer y dar de comer a los suyos cada día y sin acceso a un sistema educativo de calidad, obtienes el cocktail perfecto de la imbecilización.
Seguramente podríamos sacar muchas otras características de un sistema democrático pervertido y perverso, aunque considero que estas cinco condensan a grandes rasgos los problemas de la España actual.
Si hablamos de ejemplos, podríamos escribir libros. La tormenta informativa del último año ha sido impresionante. Todos conocemos a unos cuantos políticos corruptos, un puñado de lobbies reinando sobre estos y ciertamente historias sobre lo podridas que están las entrañas de la Península Ibérica -Portugal incluido-.
Pero hay esperanza. Al menos, hay esperanza mientras poseamos Internet y los cauces de asociación legítima. Porque cuarenta y siete millones de personas piensan más y mejor que un puñado de elitistas con suerte. No hay «brotes verdes», y pese a ello ya estamos germinando algo.
Nadie puede adivinar cómo acabará esto, pero todos sabemos cómo va a comenzar: con asociacionismo, con contestación política, con desobediencia civil.